Corte Suprema rechaza remover a fiscal regional del Biobío Marcela Cartagena

El pleno de la Corte Suprema determinó mantener en su cargo a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.

La determinación llegó tras la solicitud que hicieron congresistas para remover a la persecutora a raíz de una serie de hechos, que motivarían una posible denegación de justicia en distintos casos de connotación nacional.

De acuerdo al fallo, “la prueba rendida no permite demostrar una conducta manifiestamente negligente de la requerida, y si bien de los hechos asentados en el proceso se observan desaciertos en diligencias investigativas, lo cierto es que tales actuaciones aparecen vinculadas a órganos que colaboran con el Ministerio Público en su labor, mas no permiten atribuir directamente a la señora Fiscal Regional del Biobío los reproches formulados”.

Eso sí, existen prevenciones de algunos ministros como Guillermo Muñoz, Adelita Ravanales y la ministra (s) Quezada, quienes consideraron que “los hechos acreditados en el proceso revelan falta de acuciosidad en la dirección de la labor investigativa a cargo del ente persecutor; en la recolección de prueba, cadena de custodia y aseguramiento de los distintos sitios del suceso; en la manera como se han conducido los fiscales adjuntos en las pesquisas específicas a su cargo, y, en especial, en la supervigilancia de quien desempeña el cargo de Fiscal Regional, sin que resulten atendibles las explicaciones o justificaciones que ofrece la señora Fiscal requerida”.

Complementan, en relación al caso de T.B.G que “no puede dejar de observarse que las desprolijidades investigativas demuestran una deficiente labor de instrucción, supervigilancia y control en el desempeño del personal a su cargo y en el funcionamiento de la Fiscalía Regional, en los términos que le impone el artículo 32 de la Ley N°19.640, así como tampoco consta la adopción de medidas de intervención y corrección de las anomalías que ella misma reconoce ocurrieron”.

Para los supremos, es llamativo en el Caso Asipes que “no resulta justificado que no se hubiere logrado arribar a un resultado investigativo distinto respecto de más de 50 imputados, sin dilucidar la trazabilidad de los aportes dinerarios y considerando la magnitud de la investigación, todo lo cual se está en condiciones de dilucidar mediante la correspondiente pericia contable, precisando el rumbo tomado por los aportes. “Sigue el dinero”, aconsejan todos los investigadores en estos casos. En este evento surgen bases de presunciones de una conducta negligente o desidiosa, dado que el resultado de la investigación refleja que lo más probable es que existan, pero no es posible establecer fehacientemente las omisiones”.