Proyectos de Procultura en el Biobío se encuentran finalizados: Piden mayor fiscalización ante problemas en ejecuciones

Con sorpresa reaccionaron en el Gobierno Regional del Biobío, ante el cierre de la Fundación Procultura.

Y es que la entidad que lidera el psiquiatra Alberto Larraín, y que se encuentra en el ojo de la polémica producto del Caso Convenios, decidiófinalizar sus actividades a raíz de una serie de situaciones como “consecuencia del irreparable daño patrimonial y reputacional que produjo el cuestionamiento político y comunicacional a nivel nacional producto de algunos casos asociados a la asignación de recursos públicos a diversas fundaciones”, indicaron en un comunicado.

En el mismo documento, mencionan incumplimientos en compromisos pactados por el Estado en algunos de los proyectos en los que desarrollaban, como el circuito “Lota Sorprendente”. “Lo anterior sumado al incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en proyectos tan emblemáticos y significativos socialmente como el Circuito Lota Patrimonial, tuvo un impacto devastador en el estado financiero de la fundación que culminó en un desgaste tan relevante como irreversible en las actividades ordinarias de ProCultura”, sostuvieron.

Este proyecto se realiza en conjunto con Corfo, desde donde declinaron referirse a la situación, ante la consulta de Sabes.cl, ya que “nos encontramos a la espera de una respuesta formal del cierre del convenio”, indicaron.

El gobernador Rodrigo Díaz adelantó que se ejecutará el cobro de la boleta de garantía por $250 millones, ya que “la última vez que tuvimos rendiciones de la entidad fue en el mes de septiembre. Y no habiéndose entregado rendiciones después, tomamos la decisión con fecha jueves de la semana pasada de poner término a ese contrato”.

Medidas previas

Lo que ocurre con la Fundación Procultura, nuevamente releva los cuestionamientos al gobernador Rodrigo Díaz ante la falta de control y adelantarse a los hechos para no tener que llegar a estas instancias.

El core Javier Sandoval comentó que “hubo una atribución que no fue ejercida a su debido tiempo, cuando se encuentran irregularidades se puede aplicar. Hemos pedido que se congelen fondos en varios programas y no existen certificados de preadmisibilidad o quien dio la prioridad para su aprobación”.